Luchando contra el abuso laboral

Por Julio Morales
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Un día están ahí, pero al siguiente desaparecen. Según varios expertos, ellos operan tan afuera del radar que nadie conoce exactamente cuántos son.

Están en los negocios que conforman la economía informal, que muchas veces se aprovecha de vulnerables trabajadores y los explota por más ganancias. En Los Ángeles, donde una gran porción de inmigrantes vive, el empleo explotador de inmigrantes es algo común.

“Nos concentramos en encontrarlos y hacemos que respeten la ley o terminamos sus negocios”, dijo Dean Fryer, subdirector estatal de comunicaciones del Departamento de Relaciones Industriales (DIR).

La economía informal está caracterizada por frecuentes violaciones a los derechos laborales, como operar sin licencia o registración, no proveer un seguro de compensaciones a los trabajadores, y no mantener la documentación apropiada para las nóminas de pago o impuestos.

DIR, a través de muchas agencias gubernamentales, investiga quejas de salarios y violaciones a los derechos laborales en industrias con una baja remuneración, como centros de lavado de carros, agricultura y construcción. Para Fryer, la industria textil presenta desafíos especiales.

Algunas de las violaciones de derechos laborales más comunes se concentran en la industria textil, donde no se paga el salario mínimo, el tiempo extra, y la gente trabaja bajo condiciones peligrosas y antihigiénicas.

Luego de 18 años como trabajador textil, Juan, quien pidió mantener su anonimato, dijo que los inspectores descubrieron que su último empleador no estaba registrado legalmente. En lugar de cumplir con la ley, su empleador, Market Fashion, prefirió cerrar y dejar a 25 personas sin empleo, según Juan.

“El problema que tenemos con los empleadores es que quieren que trabajemos 10 a 12 horas diarias y sólo nos pagan ocho”, comentó Juan.

En la industria textil es común que los manufacturadores y vendedores minoristas hagan subcontratos para ahorrar dinero con mano de obra barata. Estas factorías de corte y confección, alejadas de las prestigiosas tiendas, se han convertido en un sinónimo para el trabajo explotador de las maquilas.

“Definitivamente es una manera como los manufacturadores y vendedores minoristas pueden separarse de las acusaciones de explotación”, comentó Garrick Ruiz acerca de la relación entre vendedores minoristas y las maquilas.

Ruiz, un voluntario del Centro de Trabajadores Textiles (GWC) en Los Ángeles, agregó que el centro sirve desde 2001 como un lugar de encuentro para que los trabajadores textiles puedan idear estrategias y responder a las injustas condiciones laborales.

Menos del uno por ciento de trabajadores textiles en Los Ángeles están sindicalizados, y es muy común que violaciones laborales no se reporten, según Garrick.

Sin embargo, aunque las quejas sean presentadas, la justicia puede ser esquiva.

Aplicar las leyes laborales en la industria textil ha sido muy difícil, opinó Fryer, porque muchas de las maquilas en falta están vacías en las siguientes inspecciones sorpresa de la División de Aplicación de Estándares Laborales (DLSE).

“(Las maquilas) cierran, se mudan a otro lugar y siguen operando bajo otro nombre”.

Los negocios que violan derechos laborales para incrementar sus ganancias prevalecen en el sector con baja remuneración, donde los inmigrantes son la mayoría de la mano de obra, dijo Siu Hin Lee, de la Red de Solidaridad Nacional de Inmigrantes.

Aproximadamente 679,000 trabajadores informales trabajaron en el condado de Los Ángeles en 2004, de acuerdo a un estudio publicada en 2005 por La Mesa Redonda de la Economía, una organización independiente de investigación en Los Ángeles.

La investigación “Trabajadores con Esperanza, Trabajos Marginales: La Fuerza Laboral Informal en Los Ángeles”, muestra que trabajadores los inmigrantes constituyeron el 61 por ciento del trabajo informal en EE.UU., donde el promedio de ganancia es de $12,000.

La investigación además concluyó que el 26 por ciento de los empleados en la industria de corte y confección son inmigrantes indocumentados. Porcentajes similares de trabajadores indocumentados también laboran en ocupaciones como jardinería, restaurantes y fábricas de textiles.

Es una idea equivocada que los inmigrantes no gozan de los mismos derechos humanos y laborales que los estadounidenses, sostuvo Lee.

“Toda persona, sin importar su estatus legal, disfruta de los mismos derechos en este país”, señaló Lee.

Recientemente, con el debate migratorio, se ha comentado mucho la desesperación financiera que motiva a muchos inmigrantes a venir a EE.UU., donde se concentran en trabajos mal pagados. Por eso no sorprende que al llegar, los inmigrantes con poca educación, experiencia laboral y barreras de comunicación, encuentren ocupaciones en los trabajos más agotadores.

Esos mismos factores hacen que varios negocios se aprovechen de los inmigrantes e ignoren leyes laborales.

“Muchos están asustados de decir algo”, dijo Juan, antes de añadir que muchas veces los empleadores negocian con los empleados por su silencio. “(Los trabajadores) necesitan organizarse y reclamar sus derechos”.

Si bien las agencias gubernamentales tienen el deber de asegurar que los mismos derechos se garanticen para todos los trabajadores del estado, es la responsabilidad de los empleadores asegurarse que sus negocios se adecuen a la ley.

“Ni siquiera entramos en el debate sobre inmigración”, dijo Erika Monterroza, coordinadora de DIR, antes de comentar que el DLSE tiene a 43 de sus 70 investigadores trabajando en el Sur de California.

Monterroza dijo que los negocios que no tienen seguros para compensación a los trabajadores tienen muchas veces una alta tasa de abusos y accidentes laborales.

“Les da una ventaja injusta porque tienen un mayor margen de ganancias”, indicó Monterroza. “Cuando los accidentes ocurren, en realidad termina costándole más a California porque el estado acaba pagando las cuentas”.

Los empleadores que forman parte de la economía informal no pagan $2 billones en beneficios laborales y seguros requeridos por el estado, según el estudio del 2005 de La Mesa Redonda de la Economía.

Garrick, quien trabaja en GWC, considera que la cantidad de recursos destinados para que las leyes laborales se apliquen en California es insuficiente. Él dice que aunque DLSE revise una queja de salarios y falle a favor del empleado, igual los empleadores no cumplen con las reparaciones financieras o penalidades.

“Las agencias gubernamentales hacen muy poco en términos de hacer cumplir las penalidades”, dijo Garrick, antes de agregar que algunos dentro del movimiento de derechos laborales están lidiando directamente con los manufacturadores y vendedores, educándolos sobre estos derechos y las normas estatales.

Una decisión de marzo 9 del 2004 hace a los vendedores minoristas legalmente responsables por las condiciones explotadoras que los subcontratistas utilizan, Garrick recordó.

En el caso Castro, et al. v. Fashion 21, Inc., el Noveno Circuito de Apelaciones falló a favor de empleados de docenas de factorías Angelinas que presentaron numerosas quejas de violaciones laborales y de salario. GWC propuso un boicot nacional y protestas al frente de las tiendas Forever 21 mientras duró el proceso de legal.

“Nos hemos dado cuenta que varias técnicas para presionar a los manufacturadores y vendedores son mucho más efectivas para conseguir la cantidad de dinero acordada”, comentó Garrick.

Juan, padre de cuatro hijos y miembro de GWC, dijo que no estaba seguro si el “sueño americano” existe. Ha estado desempleado por un mes y dice que no sabe si deba reportar violaciones a los derechos laborales de un futuro empleador.

“Continuaré trabajando organizando trabajadores para mejorar nuestra situación”, conluyó Juan. “El problema son los empleadores que hacen cosas malas. No nos pagan salarios justos y se quedan con el dinero. Nosotros no somos el problema”.

Unfair Labor

By Julio Morales
ENGLISH VERSION

One day they are there and the next they are gone. Experts contend they operate so far under the radar that no one knows for sure how many of them there are.

They are the businesses that make up the informal economy, often preying on the most vulnerable of workers, exploiting them for profit. In Los Angeles, where a large immigrant population resides, predatory employment seems to have found its niche.

“What I can say is we concentrate on finding them and bringing them into compliance or putting them out of business,” said Dean Fryer, deputy director of communication with the state’s Department of Industrial Relations (DIR).

The informal economy is defined by common labor violations that include operating without a license or registration, not providing workers’ compensation insurance and not keeping proper employee documentation for payroll and tax purposes.

The DIR, through various enforcement agencies, investigates complaints regarding wage and workplace violations within low wage industries such as car washes, agriculture and construction. The garment industry, Fryer said, presents special challenges.

Some of the more reputed workplace violations come from within the garment industry, where unpaid minimum wage and overtime, unsafe and unsanitary workplace conditions are major concerns.

After 18 years as a garment worker, Juan, who chose not to give his last name, said state inspectors discovered his last employer’s business was not registered with the state. Rather than comply with the law, the employer, Market Fashion, simply shut down, leaving around 25 employees out of work, Juan said.

Although Juan, 54, said his former employer did pay employees minimum wage, it was hardly fair.

“The problem that we have with employers is they want us to work 10-12 hours (a day) and only pay us for eight,” Juan said.

Within the garment industry, it is a common practice for manufacturers and retailers to hire a subcontractor to provide the cut and sew employees. Far removed from the prestigious retail outlets, these cut and sew factories have become synonymous with sweatshop labor.

“It’s certainly a way that manufacturers and retailers can insulate themselves from accusations of exploitation,” said Garrick Ruiz, regarding the relationship between retailers and subcontractors.

Ruiz, a volunteer with the Los Angeles-based Garment Worker Center (GWC), said the center has served as a meeting place where garment workers can strategize and respond to unfair working conditions since 2001.

With less than one percent of garment workers unionized in the Los Angeles area, it is not uncommon for workplace violations to go unreported, Garrick said.

And even when complaints are filed, justice can be elusive.

Enforcing labor laws in the garment industry has often proven difficult, Fryer said, because a shop found out of compliance during a surprise inspection by the Division of Labor Standards and Enforcement (DLSE) might be empty upon a return visit.

“They’ve closed down, moved onto another location and are operating under another name.”

Businesses that violate labor laws in order to increase profits seem to be prevalent in the low wage sector, where immigrants often account for a significant percentage of the workforce, said Siu Hin Lee, with the National Immigrant Solidarity Network.

In Los Angeles County, an estimated 679,000 informal workers were reported to be plying their trade on a typical day in 2004, according to a study published in 2005 by the Economic Roundtable, an independent research organization based in L.A.

The study, “Hopeful Workers, Marginal Jobs: LA’s Off-The-Books Labor Force,” noted that undocumented workers make up 61 percent of the county’s informal labor force, where the average annual wage is $12,000.

The 2005 Economic Roundtable study found that 26 percent of cut and sew apparel-manufacturing employees are undocumented immigrants. Similar percentages of undocumented workers were also found within the landscaping, restaurant, as well as textile and fabric mills workforce.

It is a misconception that immigrants do not enjoy the same labor and human rights as a natural born citizen, Lee said.

“Every person, regardless of status, still enjoys the same rights in this country,” said Lee.

Much is said about the economic desperation that drives many immigrants to the United States, where they often perform menial labor for low wages. It is hardly surprising that upon arriving, those with little job skills or education and language barriers will find but the most wearisome work.

Those same factors are often at work when an immigrant encounters a business’ disregard for labor laws.

“Many are afraid of saying anything,” Juan said, adding that employers will often make deals in exchange for an employee’s silence. “(Workers) need to organize and reclaim their rights.”
While enforcement agencies are charged with ensuring that the same rights are extended to all workers in the state, it is the responsibility of employers to bring their businesses back into compliance.

“We don’t even get into the immigration question,” said Erika Monterroza, an outreach coordinator with the DIR, noting that the DLSE has 70 investigators, with 43 operating in the Southland.

Monterroza said businesses that don’t carry workers’ compensation insurance often have a higher rate of workplace abuses and worker related injuries.

“It does give (out of compliance workplaces) an unfair advantage because they have a higher profit margin,” Monterroza said. “It actually costs the state of California more when accidents occur, because the state actually ends up picking up the tab.” 

The 2005 Economic Roundtable study stated that employers who make up the state’s informal economy fail to pay $2 billion in unpaid employee benefits and insurance mandated by law.

Garrick, of the GWC, said that the amount of resources going to enforce fair wage and labor practices in California is insufficient. He said that even when the DLSE, the state’s enforcement arm, reviews a wage or hour complaint and settles in favor of employees, the employers often fail to comply with the financial settlement and penalties.

“There’s very little in terms of an actual agency going out to enforce penalties,” said Garrick.

He noted that some within the workers’ rights community are now dealing directly with the manufacturers and retailers, which can only be accomplished by educating workers about their rights.

A March 9, 2004 appellate court decision now makes it possible to hold retailers legally responsible for the sweatshop conditions subcontractors employ, Garrick said.

In Castro, et al. v. Fashion 21, Inc., et al., the Ninth Circuit Court of Appeals sided in favor of employees who alleged various wage and workplace violations in dozens of Los Angeles factories. The GWC also called for storefront protests and a national boycott of the Forever 21 clothing label during the litigation process.

“We found using various pressure tactics on manufacturers and retailers a much more effective way of getting the amount of money that is agreed to,” Garrick said

A father of four and a member of the GWC, Juan said he is uncertain whether he believes in the American dream. He has been out of work now for a month and said he is not sure whether he would report a future employer to the state for labor violations, preferring another approach.

Nelson Lemus/ El Nuevo Sol
Aproximadamente el 26 porciento de los empleados en la industria textil son inmigrantes indocumentado, quienes muchas veces sufren abusos por sus empleadores.